20 años de una controversia no resuelta. Introducción

Jorge Alberto Witker Velásquez

La controversia del transporte de carga transfronteriza entre México y Estados Unidos (EU) constituye una variable que ha perjudicado notablemente a México. En efecto, a partir de la década de los noventa EU ha violado lo convenido expresamente en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sin que el gobierno federal haya ejercido los derechos que como país soberano le asisten a la luz del propio tratado y del Derecho Internacional. Conviene reiterar que el comercio recíproco asciende a más de 500,000 millones de dólares y que el 80% del mismo se realiza por carretera.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) ha sido la agrupación gremial de autotransportistas nacionales que más ha defendido los derechos de México ante instancias federales, en el sector de servicios que, como es sabido, los países regulan y tutelan, por el carácter estratégico que tiene en las economías nacionales. Los daños evidentes que ha experimentado el sector no han sido considerados y nuestros socios comerciales han utilizados diversas estrategias para aprovechar estas debilidades oficiales. A los problemas de autorizar la inversión neutra a transportistas extranjeros ha permitido que se ponga en real peligro la reserva constitucional de las empresas mexicanas en materia de carga doméstica, con lo cual, este derecho nacional se ha ido erosionando, sin la debida inspección y protección, para los transportistas mexicanos.

Corolario de lo anterior ha sido la autorización para la inversión mexicana en empresas que operarían en el vecino país, comportamiento contradictorio y paradójico ya que dichas inversiones no pueden transportar productos a destino final desde México, pues debe tenerse presente que la liberación del servicio de transporte de carga transfronteriza subordina a la inversión según la letra del propio TLCAN; es decir, nadie invierte en un sector cerrado y limitado como el transporte fronterizo de carga.

Las siguientes reflexiones hacen un recuento de lo sucedido en estos 20 años en los cuales, en cierta medida, el Poder Legislativo (Senado y Cámara de Diputados) ha expresado acciones con sentido nacional sin que el Ejecutivo acate dichos puntos de acuerdo, sin lograr que se reparen los daños ocasionados a México y que se abra el libre tránsito de la carga internacional en el territorio de América del Norte.

En la parte final de estas líneas, sugerimos que se estudien acciones judiciales en el contexto de la reciente reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, la nueva Ley de Amparo, la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y la Ley de Celebración de Tratados, pues se trata de defender la carga doméstica que está amenazada de ser copada por empresas de inversión neutra, que bajo la divisa de mexicanas responden a intereses no mexicanos ante la pasividad contemplativa de las autoridades, tanto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) como la de Economía (SE).

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